(Parte 4) De la independencia a la consolidación republicana
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Josefina Zoraida Vázquez
Se funda en estado mexicano
La lucha y la Constitución de 1812 habían favorecido la desorganización de la Nueva España, cuyo enorme territorio, mal comunicado y con una población escasa y heterogénea, estaba expuesto por el norte al expansionismo de Estados Unidos. Aunque pleno de optimismo, el imperio, dividido, desorganizado, en bancarrota, con una enorme deuda de 45 millones de pesos y habitantes sin experiencia política, nacía sobre bases endebles. El reconocimiento de O’Donojú hizo que el camino del nuevo Estado pareciera expedito, pero aquél murió en octubre y privó a la nación de su experiencia y de la legitimidad que personificaba. Así, concluidos los festejos, la nación quedaba frente a la ardua tarea de controlar el territorio, reanudar el cobro regular de impuestos, despertar lealtad en los ciudadanos y lograr el reconocimiento internacional para regularizar sus relaciones con el exterior.
Iturbide constituyó una Junta Provisional Gubernativa con individuos simpatizantes de diversas propuestas pero sin insurgentes, también ausentes de la regencia de cinco miembros elegidos por la junta. Iturbide, como presidente de la regencia, de inmediato convocó la elección de diputados para el congreso nacional que debía redactar la constitución del imperio, pero, ignorando la convocatoria de 1810 para elegir diputados a Cortes, optó por una representación corporativa que favorecía a las elites. Elegidos los diputados, el congreso comenzó sus trabajos el 24 de febrero de 1822. En aquel entonces había llegado la feliz noticia de la anexión de la capitanía de Guatemala que, en bancarrota y amenazada de fragmentación, buscaba una salida; pero también llegó otra poco satisfactoria: las Cortes habían desconocido los Tratados de Córdoba. De inmediato los monarquistas empezaron a enfrentarse al grupo que favorecía la coronación de Iturbide.
La situación era complicada. La rebaja de impuestos y la desorganización de su cobro, sumadas a la percepción de que la independencia liberaba a los habitantes de su pago, hicieron escasear los recursos. La urgencia por pagar el sueldo de empleados y militares requería que el congreso legislara el arreglode la hacienda pública y del ejército, amén de redactar la constitución, pero su inexperiencia distrajo a los diputados en formalismos. El también inexperto Iturbide tampoco supo enfrentar la situación y, al chocar con los congresistas, amenazó con la renuncia. Enmedio de su popularidad, el rumor de su renuncia sirvió para que el sargento Pío Marcha instigara al regimiento Celaya a amotinarse la noche del 18 de mayo al grito de “¡Viva Agustín I, emperador de México!”.
Solemne y pacífica entrada del ejército de las tres garantías en la capital de México el día 27 de septiembre del memorable año de 1821, óleo sobre tela, ca. 1825.Museo Nacional de Historia, Conaculta-INAH.
El populacho de la capital no tardó en sumarse exigiendo que el congreso discutiera la propuesta. Éste, en lugar de negarse, deliberó esa noche en medio de la gritería y, como muchos diputados apoyaban la petición, una mayoría votó a favor de su coronación.
En medio de las privaciones y del descontento de los insurgentes republicanos, Iturbide se coronó el 21 de julio, aunque con menos facultades que cuando era presidente de la regencia.
El descontento y la llegada de Mier, liberado de San Juan de Ulúa, dieron lugar a conspiraciones. El emperador procedió a encarcelar a los sospechosos, con lo que creó una situación tan crítica que varios diputados le aconsejaron disolver el congreso. Efectuada la disolución el 21 de octubre, Iturbide lo sustituyó por una junta nacional instituyente, elegida entre los mismos miembros del congreso.
Este suceso, unido al temor de las provincias frente al centralismofavorecido por Iturbide, más la imposición de préstamos forzosos, había producido un malestar que iba a aprovechar el joven brigadier Antonio López de Santa Anna para pronunciarse.
El 2 de diciembre de 1822, desde Veracruz, desconoció a Iturbide, exigió la restauración del congreso y el establecimiento de un gobierno republicano. El plan apenas logró apoyo, pero en cambio sirvió para que las sociedades secretas o logias masónicas armaran una coalición entre las tropas enviadas a combatirlo, mismas que el 2 de febrero de 1823 lanzaron el Plan de Casa Mata. Éste exigía la elección de un nuevo congreso y, como reconocía la autoridad de las diputaciones provinciales, conquistó el apoyo regional. Iturbide, confiado en que el plan no atentaba contra su persona, se limitó a reinstalar el congreso disuelto. Pero como el malestar no se acallara, abdicó el día 22 y el 11 de mayo se embarcó con su familia rumbo a Italia
El congreso no sólo decretó la ilegalidad del imperio, sino que declaró a Iturbide fuera de la ley si tocaba territorio nacional. Este decreto establecía que, al intentar volver al territorio mexicano en 1824, Iturbide fuera fusilado. Fracasado el experimento político monárquico, el país se encontró sin ejecutivo. El congreso reinstalado no dudó en asumir el poder total y el 31 de marzo nombró un triunvirato formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo para ejercer como Supremo Poder Ejecutivo. Las diputaciones provinciales y el ejército se negaron a obedecerlo y exigieron una convocatoria para elegir un nuevo congreso, de acuerdo con el Plan de Casa Mata.
Centroamérica, que en la época virreinal se había administrado aparte, fue la única en separarse en forma permanente, pero como Guadalajara, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas se declararon estados libres y soberanos, la desintegración pareció inminente. El poder ejecutivo nombró a Lucas Alamán secretario de Relaciones, quien, para impedir que el territorio se fragmentara, movilizó al ejército contra la provincia más virulenta, Guadalajara. Los representantes de ésta y Zacatecas acordaron reconocer la autoridad del congreso a condición de que el territorio se organizara como una federación. El congreso se resistió a hacerlo, pero el temor a la fragmentación, como la de los virreinatos meridionales, lo llevó a ceder y aconvocar la elección de un nuevo congreso constituyente. El nuevo congreso se instaló en noviembre de 1823 con una mayoría federalista pero dispuesta a mantener la unión. De esa manera, el acta del 31 de enero de 1824 constituyó los Estados UnidosMexicanos y, después de largos debates, para septiembre tenía listo el texto de la Constitución de 1824, que fue jurada en octubre. En ella se establecía una república representativa, popular y federal formada por diecinueve estados, cuatro territorios y un Distrito Federal; mantenía la católica como religión de Estado, sin tolerancia de otra, y un gobierno dividido en tres poderes, con el legislativo como poder dominante. El ejecutivo quedó en manos de un presidente y un vicepresidente, y el poder judicial en las de tribunales y una Suprema Corte de Justicia. Se mantuvo el sistema electoral establecido por la constitución española. Como era un sistema indirecto, aunque en el primer nivel votaban casi todos los hombres mayores de edad, era restringido. El presidente de la república era elegido por las legislaturas estatales. Esta constitución tuvo influencia de la de Estados Unidos, pero la fundamental fue la de 1812. El tradicional regionalismo determinó que el federalismo mexicano fuera más radical que el norteamericano, ya que al gobierno federal se le privó de autoridad fiscal sobre los ciudadanos. Aunque quedaron a su cargo el pago de la deuda, la defensa, el orden y la obtención del reconocimiento internacional, para cumplir con ello sólo se le adjudicó una contribución que debían pagar los estados –que pocos cumplieron–, más los impuestos de las aduanas y algunas menudencias. La elección del ejecutivo favoreció a los ex insurgentes Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo para la presidencia y vicepresidencia. La jura de los puestos se efectuó en un ambiente de optimismo, confiado en que el nuevo régimen político aseguraba el progreso. Esto contrastaba con la situación real del país: endeudado, desorganizado y necesitado de crédito y de reconocimiento internacional para funcionar. El imperio sólo había contado con el reconocimiento de Gran Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos, pero requería urgentemente el de Gran Bretaña que, por su poderío político y financiero, era la única capaz de neutralizar la amenaza de reconquista y proveer el crédito necesario. Como Gran Bretaña se interesaba en la plata y el mercado mexicanos, en 1825 extendió el reconocimiento y en 1826 firmó un favorable tratado de amistad y comercio. El afán especulativo de los banqueros ingleses había favorecido que antes del reconocimiento se obtuvieran dos préstamos. Aunque las condiciones fueron leoninas, los préstamos permitieron que funcionara la primera presidencia y que se pudiera expulsar a los españoles de San Juan de Ulúa, su último reducto en territorio mexicano. Por desgracia, el país no pudo pagar los intereses, con la consiguiente pérdida de crédito y la pesadilla que significó la deuda para todos los gobiernos.
Nicolás Bravo, José Inés Tovilla, óleo sobre tela, 1920. Museo Nacional de Historia, Conaculta-INAH.
Combate de Casa Mata, Carl Nebel, litografía, 1851. Museo Nacional de Historia, Conaculta-INAH.
La anhelada libertad de comercio se inauguró con la independencia y permitió la llegada de comerciantes europeos y norteamericanos. El comercio permaneció casi paralizado durante las primeras décadas, afectado por elmarasmo económico, las malas comunicaciones, la inseguridad, el alto costo de la arriería y la falta de moneda flexible. Iturbide había recurrido a la emisión de papel moneda, pero fue suprimida por su caída. De esa manera, las libranzas sirvieron como sustituto. En 1829 se introdujo la moneda de cobre para favorecer transacciones menores, pero como no tardó en falsificarse en gran escala se retiró en 1841, con enormes pérdidas para la hacienda pública.
Las grandes esperanzas que se pusieron en la libertad de comercio no tardaron en ser traicionadas por una realidad que destruyó la incipiente industrialización iniciada a fines del siglo XVIII. De todas maneras, los grandes paquebotes que llegaron con mercancía a uertos mexicanos procedentes de Europa y Estados Unidos animaron ciertas transacciones. Los británicos no tardaron en dominar el comercio de mayoreo de manta barata, hilazas, instrumentos y maquinaria, mientras que el de artículos de lujo se convirtió en coto francés. En los tratados internacionales se reservó el comercio de menudeo para los mexicanos, pero no se pudo evitar que franceses y españoles lo invadieran, lo que ocasionó graves problemas diplomáticos que forzaron al gobierno a eliminar su prohibición en 1842. La libertad de comercio también tuvo consecuencias políticas, ya que algunos comerciantes eran cónsules o vicecónsules de sus países y se inmiscuían o instigaban pronunciamientos, en especial en Veracruz y Tampico, para aprovechar los descuentos de impuestos que les hacían los rebeldes. Las exportaciones mexicanas continuaron siendo principalmente de plata, aunque también salieron el palo de tinte, añil, vainilla, cochinilla, henequén y azúcar. La mayor parte del comercio se hacía por Veracruz, Tampico, Matamoros, Campeche, Sisal, Mazatlán, Guaymas y San Blas, y estuvo azotado por el contrabando. Algunas rutas establecidas en el norte, en especial entre Santa Fe, Chihuahua y Texas con Estados Unidos, resultaron especialmente exitosas y, por desgracia, sirvieron para alimentar la ambición territorial del vecino del norte.
A pesar del estancamiento económico, el recuerdo del lustre novohispano, las ambiciones despertadas por la publicación del libro de Alejandro de Humboldt y la indispensable plata mexicana patrocinaron la llegada de capitales británicos y alemanes a la minería. Pero la inyección de capital y la introducción de la máquina de vapor no fueron suficientes para mantenerla vieja producción, que se redujo a la mitad. A excepción de Zacatecas, la recuperación de la minería fue lenta, pero logró exportar legalmente un promedio de 15 millones de pesos anuales de plata, y otro tanto de contrabando.
La agricultura, tan afectada por la pérdida de fuerza de trabajo, la inseguridad y el costo del transporte, también tardó en reponerse. Las haciendas permanecieron en manos criollas y sus dueños continuaron con la diversificación de sus empresas para defenderse de las fluctuaciones económicas. La producción de azúcar, café o henequén para exportación llevó a las grandes haciendas a invadir las tierras de los pueblos, lo que fue causa de insurrecciones rurales. Tampoco pudo echarse a andar el sueño de construir ferrocarriles para solucionar el problema de las comunicaciones, pues estuvo obstaculizado por la falta de financiamiento y sólo se logró construir 18 kilómetros de vía férrea. La misma suerte afectó la formación de una flota mercante; sólo los yucatecos contaron con una flota de pequeñas embarcaciones para el comercio de cabotaje.
La vida política tampoco conquistó la estabilidad, y la plaga del faccionalismo producida por las logias masónicas y los pronunciamientos militares haría que pronto se esfumara la paz, aunque hay que advertir que, con excepción de las de 1832 y 1854, las revoluciones siempre afectaron áreas limitadas.
La logia escocesa, introducida por el ejército español, se había difundido entre las clases altas, por lo que los radicales decidieron fundar otra más popular. El presidente Victoria la favoreció en busca de “equilibrio” y el ministro norteamericano Joel R. Poinsett la registró en Estados Unidos. Esta logia, conocida como yorquina, adoptó la retórica antiespañola, favorecida porlas clases populares y fortalecida al descubrirse la conspiración del padre Joaquín Arenas, que promovía una vuelta al orden colonial. Este hecho incrementó los enfrentamientos entre masones, empantanando el funcionamiento del gobierno y orillando al vicepresidente Bravo a pronunciarse en 1827 contra las logias y la intromisión política del ministro Poinsett. La derrota de Bravo y su destierro aseguraron el predominio yorquino y la aprobación de las leyes de expulsión de españoles.
En un ambiente tenso, en 1828 se llevaron a cabo las elecciones para la primera sucesión presidencial y México no superó la prueba. El voto de las legislaturas favoreció a ManuelGómez Pedraza, pero el general Santa Anna se pronunció enVeracruz a favor de Guerrero. Después de que un motín radical en la ciudad de México apoyara el levantamiento, Pedraza renunció. El congreso, sin autoridad constitucional, designó a Guerrero presidente y a nastasio Bustamante vicepresidente.
En una presidencia fugaz y desgraciada, y con una hacienda exhausta, Guerrero tuvo que cumplir con la expulsión de españoles y hacer frente a la expedición de reconquista dirigida por Isidro Barradas. Los generalesMier y Terán y Santa Anna lograron derrotarla. A este éxito se sumó la promulgación del decreto de abolición de la esclavitud, sin que lograran neutralizar su impopularidad.
En diciembre de 1829 el ejército de reserva que se había situado en Jalapa para apoyar la defensa desconoció a Guerrero, y en enero de 1830 el vicepresidente Bustamante asumió l ejecutivo, con Alamán como secretario de Relaciones.
El primer presidente de México, Guadalupe Victoria, anónimo, óleo sobre tela, siglo XIX. useo Nacional de Historia, Conaculta-INAH.
La administración de Bustamante se empeñó en dar fin alos levantamientos militares, ordenar la hacienda pública, normalizar el pago de la deuda británica y favorecer el desarrollo económico. Alamán puso en orden la hacienda pública y renegoció la deuda externa, además de empeñarse en promover el desarrollo económico y la industrialización. Para ello fundó el Banco de Avío e importó maquinaria textil, semillas de algodón, cabras y vicuñas finas. Sus esfuerzos y la difusión de conocimientos prácticos en periódicos como El Mercurio favorecieron la fundación de fábricas textiles que, para mediados de siglo, alcanzarían una módica producción, sin lograr competir con la inglesa.
Aunque todos reconocieron las habilidades de Alamán, desconfiaron de sus manipulaciones políticas que le habían permitido eliminar enemigos del régimen en algunos estados, lo que despertó el temor de los gobiernos estatales de que pretendiera centralizar la administración. A ese temor se sumó el descontento generado por el fusilamiento del general Guerrero y otros radicales en 1831. Santa Anna, que aspiraba a la presidencia, decidió aprovechar el malestar para pronunciarse en enero de 1832 y desencadenó una revolución tan costosa que condenó al gobierno a depender de los préstamos de la Iglesia, la hipoteca de aduanas y la renta de casas de moneda y salinas, por lo que al final quedó a merced de los préstamos usurarios para poder funcionar a medias.
Santa Anna, con el apoyo de las milicias y las entradas de las aduanas de Veracruz y Tampico, triunfó sobre Bustamante y el ejército. Los estados condicionaron su apoyo a que volviera Gómez Pedraza y terminara el periodo para el que había sido elegido. Efectuadas las elecciones de 1833, resultaron elegidos Santa Anna y Valentín Gómez Farías, con un congreso radical e inexperto. Dado que Santa Anna estuvo constantemente en su hacienda o en la campaña militar contra el levantamiento de “religión y fueros” iniciado contra los gobernadores de Michoacán y el Estado de México, durante casi todo el primer año el ejecutivo lo ejerció el vicepresidente Gómez Farías.
Los radicales estaban decididos a emprender la reforma liberal y, para asegurarse de no tener opositores importantes, decretaron una ley que condenaba al destierro a una lista de sospechosos que podían serlo. Para octubre de 1833, y en medio de una epidemia de cólera, el congreso inició la promulgación de leyes que afectaban a la Iglesia. Se eliminaron el uso de la fuerza pública para el cobro de diezmos y el cumplimiento de votos monásticos; la provisión de curatos vacantes por el gobierno; la clausura de la Universidad, y la laicidad de la educación superior. Gómez Farías suspendió la provisión de curatos por considerarla impolítica, pero el congreso exigió su vigencia y condenó al destierro a los obispos que se resistieran. La medida, sumada a la proscripción de ciudadanos, hizo estallar el descontento popular.
Anastasio Bustamante, anónimo, óleo sobre tela, siglo XIX. Museo Nacional de Historia, onaculta-INAH.
Los radicales estaban decididos a emprender la reforma liberal y, para asegurarse de no tener opositores importantes, decretaron una ley que condenaba al destierro a una lista de sospechosos que podían serlo. Para octubre de 1833, y en medio de una epidemia de cólera, el congreso inició la promulgación de leyes que afectaban a la Iglesia. Se eliminaron el uso de la fuerza pública para el cobro de diezmos y el cumplimiento de votos monásticos; la provisión de curatos vacantes por el gobierno; la clausura de la Universidad, y la laicidad de la educación superior. Gómez Farías suspendió la provisión de curatos por considerarla impolítica, pero el congreso exigió su vigencia y condenó al destierro a los obispos que se resistieran. La medida, sumada a la proscripción de ciudadanos, hizo estallar el descontento popular.
Valentín Gómez Farías, litografía, siglo XIX. Colección particular.
Las reformas religiosas habían contado con la aprobación de Santa Anna, pero cuando el congreso empezó a discutir la reorganización del ejército, aquél aprovechó el clamor general contra el vicepresidente y los radicales, y reasumió la presidencia. El general nombró un gabinete moderado y suspendió las reformas, a excepción de la supresión del pago de diezmos que tanto favorecía a los hacendados.
De hecho, desde 1829 privaba la inconstitucionalidad. El congreso había violado varias veces la ley suprema, el ejecutivo sólo funcionaba con poderes extraordinarios, y la debilidad de la federación dificultaba el funcionamiento del gobierno; es decir, era urgente una reforma constitucional. En 1835, en medio de una situación crítica en la que los colonos texanos preparaban la secesión, el congreso federal aprobó un decreto que reducía la milicia cívica. Los estados de Zacatecas y de Coahuila y Texas decidieron desafiarlo y el ministro de Relaciones, José María Gutiérrez de Estrada, trató inútilmente de convencer al gobierno zacatecano de la legalidad de la ley y de la imposibilidad de hacer excepciones. Zacatecas aprestó su milicia para resistir el decreto, aunque a la llegada del ejército el comandante, la milicia y el gobernador huyeron, lo que permitió que la capital del estado fuera ocupada sin violencia. Sin embargo, los hechos parecieron darle la razón a los enemigos del federalismo.
